Estado de emergencia en Lima ante el incremento de la criminalidad

En la semana del 22 de octubre de 2025, el Ejecutivo peruano oficializó la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao mediante decreto supremo, con el objetivo de frenar el incremento de la criminalidad urbana. El anuncio fue realizado por el presidente interino José Jerí, quien señaló que la situación de inseguridad requiere “acciones excepcionales y coordinadas” para proteger a la población.

Con esta medida, las Fuerzas Armadas se suman a la Policía Nacional del Perú (PNP) en tareas de patrullaje y control, mientras que se suspenden temporalmente derechos como la libertad de tránsito y de reunión, lo que ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y colectivos civiles (Reuters, 2025).
Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 1,690 homicidios a nivel nacional, frente a los 1,502 del mismo periodo del año anterior. Este aumento del 12% refleja el agravamiento de la violencia urbana y la expansión de las redes delictivas en Lima y Callao (AP News, 2025). Ante esta situación, el gobierno implementó un plan de intervención inmediata para recuperar zonas consideradas de alto riesgo y contener los delitos de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
Sin embargo, diversos sectores sociales, entre ellos el Colectivo Generación Z, han cuestionado la medida al considerarla una forma de reprimir la protesta ciudadana. En los últimos días, cientos de jóvenes marcharon en el centro de Lima exigiendo la renuncia del presidente Jerí y la disolución del Congreso, argumentando que el país atraviesa una crisis de legitimidad política tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte a inicios de octubre (The Guardian, 2025).

Analistas políticos han señalado que el uso repetido de los estados de emergencia podría debilitar el Estado de derecho si no se acompaña de políticas integrales de seguridad. Además, el despliegue militar en labores policiales plantea riesgos de uso excesivo de la fuerza y falta de rendición de cuentas (Reuters, 2025).
No obstante, el Ejecutivo sostiene que la medida es temporal y que busca “pasar de la defensa a la ofensiva” frente al crimen organizado, garantizando la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, el éxito del plan dependerá de su capacidad para reducir los índices de violencia sin vulnerar las libertades fundamentales.
En el plano político, el estado de emergencia también funciona como una estrategia de consolidación del gobierno interino, que busca proyectar liderazgo frente a la crisis. Sin embargo, su sostenibilidad dependerá de la respuesta ciudadana y de los resultados concretos en seguridad. De no lograrse avances visibles, podría incrementarse la desconfianza hacia las autoridades y reavivar las tensiones sociales en un contexto ya marcado por la inestabilidad institucional.

Fuentes:

● Reuters (2025). Peru declares 30-day state of emergency in Lima to tackle rising crime.
https://www.reuters.com/world/americas/peru-declares-30-day-state-emergency-lima-tackle-rising-crime-2025-10-22/

● AP News (2025). Peru’s president declares state of emergency in capital as it tries to stem surging violence.
https://apnews.com/article/675366bbbfa89e00b4a4e8ea763f03b5

● The Guardian (2025). ‘We’ll march as many times as necessary’: Peru’s youth protesters defy state of emergency.
https://www.theguardian.com/world/2025/oct/25/peru-youth-protesters-state-of-emergency-gen-z